Caaguazú – El aumento patrimonial del diputado Alejo Ríos Medina y de su hijo, el intendente de Caaguazú Severo José “Papu” Ríos, ha generado atención pública debido a la magnitud del crecimiento registrado durante el ejercicio de funciones en la administración pública.
De acuerdo con datos provenientes de declaraciones juradas oficiales correspondientes al período 2013–2023, ambos pasaron de patrimonios modestos a cifras millonarias, actualmente vinculadas además a emprendimientos recreativos de gran escala como el Camping El Chorro y el Complejo San José, que cuentan con inversiones en infraestructura, piscinas, áreas deportivas y salones para eventos.
Según los registros, el actual diputado pasó de declarar aproximadamente G. 50 millones a un patrimonio neto de G. 5.397 millones, lo que representa un incremento superior al 10.695% en una década.
Entre los bienes declarados figuran propiedades valuadas en más de G. 5.500 millones y un vehículo de alta gama, una Toyota Land Cruiser. También se consignan ingresos comerciales mensuales cercanos a G. 80 millones, sin especificación detallada del rubro.
Asimismo, se observan incorporaciones tardías de bienes adquiridos con anterioridad y gastos personales relativamente bajos en relación con los ingresos informados.
Por su parte, Severo “Papu” Ríos declaró en 2014 un patrimonio cercano a G. 41 millones y deudas, mientras que para 2023 su situación patrimonial ascendió a G. 670 millones.
Durante ese período, con un salario aproximado de G. 19 millones mensuales, se registraron adquisiciones como una propiedad de G. 500 millones, una Toyota Fortuner 2020 y otros bienes por al menos G. 75 millones.
En sus declaraciones no figura el Complejo San José, un predio de unas 25 hectáreas que, según reportes ciudadanos, habría sido desarrollado durante su gestión municipal.
Si bien el crecimiento patrimonial no constituye por sí mismo una irregularidad, analistas en materia de transparencia señalan que estos casos ameritan un análisis público cuando coinciden con el ejercicio de cargos estatales.
Las declaraciones juradas buscan justamente permitir la verificación entre ingresos y bienes acumulados por funcionarios públicos, fortaleciendo la rendición de cuentas.
Hasta el momento, los datos se encuentran respaldados en documentos oficiales, sin que se hayan difundido explicaciones públicas detalladas por parte de los involucrados.
